Acció Cannàbica

JAM SESSION — MYTIME — 22H

admin — Thu, 29 Mar 2012 22:51:51 +0000

Comunicado de Prensa de CatFAC

admin — Thu, 08 Mar 2012 18:40:21 +0000

Des de fa dos anys, vuit associacions d’usuaris de cànnabis de Catalunya, Acció Cannàbica, CTCC, CannaVIP, La MACA, ACCAAT, ACUC, ATIC y AUMCAT, treballem cojuntament a la FAC, Federación de Asociaciones Cannabicas. Aquestes associacions treballem en la defensa dels drets dels usuaris de cànnabis i per una regulació que acabi amb la inseguretat jurídica en la que ens trobem. Després d’aquests 2 anys de reflexió i treball intern, assesorats per els juristes colaboradors amb la FAC y amb estreta colaboració amb EusFAC, vam decidir aquest Gener del 2012 fundar, la Federació Catalana d’Associacions Cannàbiques, CatFAC.

Des de la CatFAC funcionem amb el model que proposa la FAC. Aquest model ha estat presentat al Parlament Europeu, espanyol y basc, èssent reconegut com a una alternativa legalment viable inclús amb els tractats de l´ONU. Aquestes associacions denominades Clubs Socials de Cànnabis, CSC, son vistes tant al nostre territori, com internacionalment, com a una alternativa viable al mercat negre del cànnabis.

El nostre model es basa en la transparència, el funcionament democràtic, la reducció de riscos associats a l´ús del cànnabis i tot sense ànim de lucre. Per pertanyer a aquestes associacions s’ha de ser major d’edat, resident al nostre país, usuàris de cànnabis o patir una dolència que sigui susceptible de ser tractada amb cànnabis segons la IACM, International Association for Cannabinoid Medicines. Les produccions han de ser sempre sota demanda i control dels socis, que han de formar part d’un circuit estríctament tancat i concret de persones usuàries de cànnabis, basat en la contenció per evitar confusions envers el seu funcionament.

Les associacions federades, sempre han buscat el consens y enteniment tant amb les Forces de Seguretat de l’Estat així com els poders polítics, revent per part d’aquestes una postura de respecte i oberta al diàleg, en la qual no hi tenen cabuda per ambdues parts certes actituds o accions beligerants com les dels últims dies. Els nostres objectius ja han estat comunicats al Govern de Catalunya; la creació d’una regulació específica per les associacions cannàbiques que demostri el bon funcionament i la transparencia de les mateixes, creant un registre específic per aquestes associacions recolzada en una proposta de Llei Especial Reguladora dels Clubs Socials de Cànnabis, amparada en l’article 1.3 de la LLei Orgànica 1/2002, reguladora del dret de associació, i un control de qualitat que va des de la producció fins a la distribució i que com tots els altres ja posem en pràctica les associacions de la CatFAC.

Tots aquests objectius van ser els que ens vam marcar juntament amb els companys de EusFAC, que donen com a fruit un estudi per una comisió interdepartamental que va ser aprovada per unanimitat pel Parlament del País Basc el passat 1 de Març.

Divendres 7 de Març, 2012

CatFAC

catfac@catfac.org – www.catfac.org

President: Jose Afuera – 678113613

Vicepresident: Jaume Prats – 657972773

Secretari: Xavier Vílchez – 691605708

Tresorer: Jaume Xaus – 644016532

President de la FAC: Martín Barriuso – 670996335

FAC – 674839859

La Generalitat impugna la decisión Rasquera

admin — Thu, 08 Mar 2012 03:33:16 +0000

El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, anunció ayer que la Generalitat ha decidido impugnar el acuerdo alcancanzado por el que el pleno del ayuntamiento tarraconense de Rasquera dio luz verde al alquiler de terrenos para cultivar cannabis. Asimismo, ha puesto el asunto en manos de la fiscalía.

En esta línea, Babín indicó que su departamento ha puesto el asunto en manos de la Abogacía del Estado para impugnar, también, el citado acuerdo: “Consideramos que es mejor actuar ahora que cuando la plantación ya se haya materializado”.

Babín se mostró totalmente en desacuerdo con los grupos que hablan de plantaciones para consumo privado, al asegurar que lo que se esconde detrás de esa plantación son motivos económicos de grandes dimensiones. Cómo si no se entiende -indicó- que se pague más de un millón de euros por el alquiler de unos terrenos dos años.

Articulo original: La Vanguardia

El cultivo del cannabis busca un terreno legal.

admin — Thu, 08 Mar 2012 03:30:24 +0000

El proyecto de una gran plantación de marihuana en Tarragona inquieta a la Generalitat mientras que Euskadi prevé regular los clubes de consumidores. En un país en el que el consumo de cannabis no se penaliza, ¿es hora de plantear la legalización de las plantaciones a gran escala?

Aunque despierta serias dudas legales, la sorprendente iniciativa de Rasquera, un pequeño pueblo de Tarragona, de alquilar siete hectáreas en terrenos para cultivar marihuana ha reavivado el debate. El Código Penal castiga con penas de hasta seis años de cárcel a quienes “cultiven, elaboren o trafiquen” con drogas ilegales. Los más de 5.000 socios de la Asociación Barcelonesa Cannabica de Autoconsumo (ABCDA) están dispuestos a pagar 1,3 millones de euros en dos años al ayuntamiento para plantar marihuana dedicada, dicen, al autoconsumo con fines lúdicos o terapéuticos. La jurisprudencia acepta la producción para el llamado “consumo compartido”, aunque se deben cumplir una serie de requisitos que, según los expertos, difícilmente concurrirán en este caso.

Acuciado por la situación económica, el alcalde republicano Bernat Pellisa ha dado una vuelta de tuerca más a un debate —el de la legalización del cannabis— que está más vivo que nunca. Los clubes de fumadores se encuentran en un limbo jurídico que, al menos en Euskadi, puede desaparecer: todos los partidos con representación en el parlamento vasco aprobaron ayer crear un grupo de trabajo para abordar el tema.

El objetivo es crear medidas de control para las organizaciones que cultivan su propia marihuana y la distribuyen entre los socios. Según el presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas, Martin Barriuso, también se podrían plantear instrucciones orientativas para la policía y la fiscalía en las que se detalle qué se puede considerar autoconsumo y qué no. Dicho de otra forma, una legalización.

Barriuso valoró el acuerdo parlamentario como un paso “histórico” hacia el fin de un siglo de políticas prohibicionistas. La ponencia es el primer paso en Euskadi para regular el consumo del cannabis, pero no el único, ya que trabajará en paralelo a la elaboración desde el Gobierno vasco de la Ley de Adicciones. Este nuevo texto legal que el Ejecutivo quiere presentar en la Cámara este mismo año aspira regular el “cultivo, la venta y el consumo” del cannabis en esos clubes, según los responsables del Departamento de Sanidad.

La directora de Drogodependencias vasca, Celina Pereda, explica que la ley prevé realizar un registro de asociaciones de consumidores de cannabis. El registro oficial exigirá, a cambio de esta seguridad, que estas organizaciones rechacen menores y que participen en labores de sensibilización y educación. La ponencia “va a generar un debate en una sociedad en la que se ha banalizado el consumo del cannabis”, apunta.

Si en el País Vasco hay unas 50 entidades, en Cataluña hay 30 en idéntica situación de inseguridad jurídica. En esta comunidad, el caso de Rasquera ha despertado el rechazo del Gobierno autonómico. El consejero de Interior, Felip Puig, anunció ayer que, si el municipio acaba cediendo la finca —de siete hectáreas— pondrá el caso en manos de los tribunales.

Al amparo del Código Penal —el tipo penal es “tan abierto que permite cubrir muchas circunstancias”, señala José Rey Cadenas, abogado penalista de Barcelona— y de la ley de seguridad ciudadana de 1992 —que considera infracciones graves el consumo en lugares públicos y la tenencia ilícita de drogas, aunque no estén destinadas al tráfico— los cuerpos policiales han llevado a cabo un sinfín de operaciones contra los dueños de plantaciones de marihuna. Al llegar a los juzgados, esos casos se han resuelto de muy distintas maneras. Desde 1997, las audiencias provinciales han venido dictando sentencias absolutorias que han sido ratificadas después por el Tribunal Supremo.

Las sentencias, que han abierto el camino hacia la tolerancia de ciertas formas de cultivo —siempre destinadas al consumo y no a la venta— se basan en los requisitos que fijó el Supremo para hablar de “consumo compartido”. “Los afectados han de ser consumidores habituales y haber dado su autorización previa. Además, debe ser un círculo cerrado de personas que consuman en un lugar también cerrado. Y la candidad plantada debe encajar con la que se demanda, no puede haber excedentes”, sintetiza Aitor Breton, abogado de la Federación.

Breton se muestra escéptico con la viabilidad legal de la iniciativa tarraconense. “Le veo dos problemas para cumplir los requisitos que marca la jurisprudencia. Uno, que debería haber una previsión de consumo de todos los socios. Y dos, que los trabajadores del pueblo deberían ser socios de la entidad para que pudiese considerarse un círculo cerrado de personas”, explica el letrado.

“La jurisprudencia nos lleva a pensar en pequeñas cantidades, no en un cultivo masivo en un espacio abierto como este. La clave es no traspasar la línea roja que marca la ley, esto es, que no haya una disposición incontrolada de droga a la colectividad y, por tanto, se ponga en peligro la salud pública”, añade el profesor titular de derecho penal por la Universidad de Barcelona (UB) Víctor Gómez. El profesor recuerda que se puede permitir la tenencia de cannabis en una cantidad incluso superior a la del consumo propio; siempre y cuando, claro, la persona pueda justificar que la droga incautada es “para compartir con amigos, por ejemplo”.

María Pascual, abogada de derecho penal de González Franco, señala nuevos interrogantes en otra dirección: ¿en qué papel queda el Ayuntamiento y qué responsabilidades pueden recaer sobre los ediles que han aprobado la medida? “El consistorio promueve esta actividad como un tercero, que es ajeno a la asociación cannábica y que lo hace, además, con ánimo de lucro. Lo mismo podría pasar con los empleados del pueblo que trabajasen en ese cultivo”, advierte Pascual, que admite la “inseguridad jurídica total” en la que se mueven los clubes de fumadores. “Estamos en un ámbito de riesgo”, señala.

El alcalde Pellisa, que lleva muchos meses ideando el proyecto, ha encargado un informe jurídico que avala sus tesis. El documento, que se dio a conocer ayer, concluye que la medida “no comporta ninguna responsabilidad penal por parte de los entes públicos” y asegura que “el cultivo de cannabis no es constitutivo de delito”. Además, valora el impacto económico y social sobre el municipio.

Martí Cànaves, el abogado que ha coordinado el informe jurídico, se muestra convencido de la viabilidad del proyecto. “Queremos acabar con la hipocresía, nuestro proyecto fija las pautas para terminar con los problemas de este tipo de plantaciones: lo hemos dotado de seguridad jurídica y se pondrán los medios necesarios para acabar con los robos o los incendios. Que vengan los mossos si quieren, no podrán hacernos nada”, dice Cànaves, que cifra en 400 las plantaciones de marihuana en España (la mitad, en Cataluña). “Este asunto tenía que explotar en algún sitio y ha ocurrido aquí, en Rasquera, y ya no hay marcha atrás”, continúa.

La plantación suscita también dudas en cuanto a su control. “Implica una gestión muy complicada. Podría hacerse un esfuerzo de regulación, pero nunca tendríamos la seguridad absoluta de estar moviéndonos en un ámbito legal”, remacha Pacual.

El debate del cannabis en el mundo.

En Holanda, durante décadas han sido tolerados los coffeeshops, cafés en los que se puede comprar y consumir derivados del cannabis. La producción y el tráfico, sin embargo, no están regulados. En un intento de combatir el fenómeno del turismo del porro, extendido en ciudades como Ámsterdam, los coffeeshops se enfrentan a un cambio normativo que les obligará a atender únicamente a socios, que además tendrán que ser residentes. Tampoco podrán vender las variedades más fuertes del cannabis, aquellas que contienen más cantidad de THC.
En Estados Unidos, el uso terapéutico del cannabis está normalizando su consumo en algunos Estados y generando una industria en torno a esta droga. En California, Colorado, Nueva Jersey o Washington, los médicos pueden prescribir marihuana a pacientes para soportar los efectos del cáncer o un dolor crónico, para combatir el insomnio o la falta de apetito, y así una larga lista. Un referéndum en California para legalizar la marihuana también para uso recreativo, la polémica proposición 19, no prosperó por estrecho margen. El Gobierno federal no apoya estas iniciativas, pero tampoco las combate.
En América Latina, el debate sobre la despenalización cuanto menos del consumo de los derivados del cannabis está abierto en varios países. Este tema llevó a la firma de al menos dos manifiestos en favor de la búsqueda de espacios de legalidad para esta droga que suscribieron exmandatarios e intelectuales como Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Felipe González, César Gaviria, Kofi Annan, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o Javier Solana. Este grupo considera que las políticas de represión han demostrado su fracaso y que es hora de ensayar otras vías.
En España el cultivo para autoconsumo se abre paso de facto aprovechando los huecos de un Código Penal que prohíbe la producción y tráfico de sustancias ilícitas y que no penaliza el consumo personal, que solo es sancionado como infracción administrativa. Distintas sentencias han establecido que la producción para autoconsumo no es ilícita, y las asociaciones de consumidores tratan de aprovechar esa rendija abierta. De ahí surgió el movimiento que trata de promover cultivos colectivos para consumo por sus socios, y que cuenta con plantaciones en distintos puntos de España, sobre todo en el País Vasco y Cataluña. El proyecto de Tarragona desafía los límites de esta práctica al promoverse a gran escala, en un terreno de siete hectáreas.

Articulo original: Sociedad, El País.

El País Vasco regulará los Clubes Sociales de Cannabis

admin — Thu, 01 Mar 2012 22:10:43 +0000

Euskadi es una de las comunidades europeas en las que el cannabis tiene un mayor número de adeptos y la pionera en los clubes privados de consumo de esta droga. El Parlamento empezará a trabajar antes del verano, tal y como ha decidido esta misma mañana. Os dejamos 4 artículos que cubren la noticia:

Todos los grupos parlamentarios se han sumado a la iniciativa, aprobada en el pleno ordinario, de crear antes del verano una ponencia para buscar una “solución regulada” de los clubes de consumo de cannabis –en España existen más de un centenar- con el objetivo principal de alcanzar un “marco de estabilidad y seguridad jurídica” de estas asociaciones. Y es que, desde hace años, estas organizaciones se mueven en un vacío legal que Euskadi pretende atajar.

Se abre así la primera iniciativa parlamentaria de España para tratar de resolver ese problema. La ponencia llega después de que el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, mostrara la intención del Gobierno vasco de regular el “cultivo, la venta y el consumo” del cannabis, un anuncio al que siguió la aclaración del Gobierno vasco de que no legalizará esta sustancia porque no tiene competencias para ello. La futura ley de Adicciones que el Ejecutivo vasco prevé llevar al Parlamento este año avanza en la vía de clarificar el marco de estas asociaciones, 50 en Euskadi en la actualidad frente a las 18 registradas en 2009, y se complementa con la ponencia aprobada hoy.

El área de los clubes de consumo es la única en la que tienen competencias las comunidades autónomas. El resto, cuestiones como el número de plantas que se consideran para autoconsumo, queda en manos del Gobierno central.

La ponencia escuchará las opiniones de las instituciones públicas y de los expertos. Martin Barriuso, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), ha calificado la iniciativa, en declaraciones a los medios de comunicación, como un hecho “histórico” y que pone fin a un siglo de políticas prohibicionistas hacia el cannabis. “Hay un fenómeno social que ha sobrepasado la realidad legal”, ha señalado. Barriuso está imputado por un presunto delito de tráfico de drogas por tercera vez.

Articulo original por: Ania Elorza. País Vasco, El País.

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La Cámara vasca analizará antes de verano la ley del consumo de cannabis.

El Parlamento Vasco regulará la actividad de los clubes sociales de cannabis, lo que convertirá a Euskadi en la primera comunidad autónoma que da los pasos para cubrir un vacío legal que afecta a los consumidores de los derivados de esta planta (marihuana y hachís) y que son usuarios de estas asociaciones.

La Cámara vasca ha aprobado este jueves por unanimidad la creación antes del verano de una ponencia específica que analice esta regulación, que afecta a cerca de medio centenar de asociaciones en Euskadi, que disponen de plantaciones colectivas de cannabis con las que obtienen marihuana y hachís, que luego suministran a sus socios a través de cuotas.

Los grupos del Parlamento Vasco han coincidido en la necesidad de regular en qué casos es legal que estas asociaciones produzcan distribuyan y consuman los derivados del cannabis para generar mayor seguridad jurídica y evitar redadas y detenciones.

El presidente de Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), Martin Barriuso, que ha acudido a la sesión parlamentaria de este jueves, ha explicado a los medios de comunicación que él mismo ya ha sido detenido en varias ocasiones cuando organizaba marihuana recolectada en plantaciones colectivas, y ha sido imputado en tres ocasiones por un presunto delito de tráfico de drogas.

La falta de regulación provoca que estas asociaciones estén “en un limbo legal” y que sufran el riesgo de operaciones policiales y judiciales, ha indicado.

Barriuso ha calificado el paso dado por el Parlamento Vasco de “histórico” aunque ha explicado que el Legislativo autonómico tendrá que respetar el código penal sobre la materia y limitarse a regular la actividad de los clubes de cannabis.

Ha recordado que el consumo de cannabis es una realidad asentada en la sociedad y ha propuesto trabajar sobre la educación y la prevención en torno a su consumo.

En el caso de los clubes de cannabis, ha precisado que éstos garantizan que el consumo sólo se hace por parte de adultos, en un circuito cerrado y se controla desde la producción hasta la distribución.

“Hay que elegir, si lo regulamos para que sea algo que aporte en positivo o si dejamos que siga estando en manos de un mercado ilícito que va a seguir funcionando y generando recursos que van a ir a circuitos delictivos”, ha opinado.

Ha afirmado que Euskadi es la primera comunidad estatal que se lanza a regular la actividad de estos clubes y ha dicho que Cataluña se está planteando seguir los mismos pasos.

A nivel internacional, ha explicado que en el Parlamento de Uruguay se está estudiando autorizar el cultivo de ocho plantas de marihuana por persona, la posesión de 25 gramos de las sustancias derivadas en la vía pública sin sanción para el uso personal y la distribución a través de los clubes sociales de cannabis.

En España, ha explicado, consumir marihuana no es un delito pero ha advertido de que no está regulado cuántas plantas de marihuana se pueden tener por persona o con qué cantidad de esta sustancia se puede ir por la calle sin que se considere delito.

Articulo original: El Mundo.

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Parlamento vasco estudiará cómo regular los clubes de cannabis para acabar con su situación de “alegalidad”

El Parlamento vasco ha aprobado por unanimidad la creación de una ponencia para debatir sobre la forma de regular los denominados clubes sociales de cannabis, dado que la “alegalidad” en la que actualmente se encuentran estos colectivos aboca a sus integrantes a la “inseguridad jurídica”.

La creación de un grupo de trabajo en torno a este asunto ha sido decidida este jueves por el pleno de la Cámara, con el apoyo de todos los partidos representados en ella: PNV, PSE-EE, PP, Aralar, EA, Ezker Anitza-IU y UPyD.

Los llamados clubes sociales de cannabis, de los que en Euskadi existen alrededor de medio centenar, son asociaciones de consumidores de esta sustancia en las que se controla producción y distribución de cannabis y sus derivados. Generalmente, estos clubes producen lo justo para abastecer a los miembros, de forma que se evita que haya un excedente que pueda destinarse a terceras personas, lo que sería tráfico ilegal.

El Gobierno vasco ya aprobó a finales de 2011 un proyecto de ley en el que se contemplaba la regulación de estas asociaciones. En la iniciativa aprobada este jueves por el Parlamento, se recuerda que el informe ‘Euskadi Drogas 2010′ pone de manifiesto que la comunidad autónoma vasca es una de las zonas de Europa con un mayor consumo de cannabis.

En el texto se destaca que “dado que la legislación en vigor no sanciona el consumo de dicha sustancia, sino la venta y el cultivo cuando éste está destinado al tráfico”, en los últimos años se han constituido en Euskadi varias asociaciones de usuarios de Cannabis, las cuales “permiten a sus integrantes un consumo regulado y evitar el mercado negro”.

El Parlamento vasco reconoce que la ausencia de una regulación de su actividad hace que esas asociaciones “se muevan en la alegalidad y carezcan de seguridad jurídica”, una situación que considera necesario “corregir” mediante la regulación legislativa del cultivo de cannabis para consumo propio.

Todo ello, “desde el respeto a la autonomía personal y al derecho de las personas no fumadoras”, y a partir de “una información completa sobre las consecuencias del consumo de la marihuana”.

El objetivo es que la ponencia sobre este tema se cree antes de que concluya el actual periodo de sesiones del Parlamento, que, inicialmente, se cerraría a finales de junio. Este grupo de trabajo estará abierto a la participación de las instituciones públicas implicadas en esa regulación y a expertos en la materia. La ponencia tratará de “definir un marco de estabilidad y seguridad jurídica” de los clubes en el desarrollo de su actividad.

Los grupos del Parlamento autonómico han coincidido en la necesidad de acabar con el “vacío legal” en el que se desenvuelven estas asociaciones, un problema que genera “inseguridad jurídica” a sus miembros.

“paso histórico”

El presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), Martin Barriuso, ha asistido al debate celebrado en el Legislativo vasco. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, ha calificado de “paso histórico” la creación de una ponencia sobre este tema.

Barriuso, que ha recordado que ya ha sido imputado en tres ocasiones por la actividad de alguna de estas asociaciones, ha coincidido en la necesidad de regular el marco en el que funcionan los clubes de cannabis, tras lo que ha asegurado que la prohibición de este tipo de sustancias “genera más problemas sociales que los que pretende evitar”.

Articulo original: 20 minutos.

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El País Vasco regulará los Clubes Sociales de Cannabis.

El País vasco, consciente de que es «una de las zonas de Europa donde mayor es el consumo de cannabis» por habitante, es la primera comunidad que, en el marco de sus competencias, está dispuesta a abrir el debate sobre las sustancias ilegales en España, empezando por los clubes privados de fumadores de cannabis. En este sentido, todos los grupos del Parlamento de Vitoria han aprobado hoy la creación de una ponencia específica que analice una solución regulada de la actividad de los llamados «clubes sociales de cannabis», donde se consume y se cultiva esta droga para los asociados, con o sin fines terapéuticos, y cuyos miembros en todo caso son mayores de edad. El grupo de trabajo, que deberá ponerse en marcha antes del verano, pretende acabar así con la «alegalidad» en la que se mueven estas asociaciones –en Euskadi hay registradas medio centenar- y dotar a sus miembros de un «marco de estabilidad y seguridad jurídica».

La iniciativa, suscrita por todas las fuerzas políticas vascas, destaca que «la legislación en vigor no sanciona el consumo de dicha sustancia, sino la venta y el cultivo cuando éste está destinado al tráfico». Es por ello que, recuerda, que en los últimos años se han constituido en el País Vasco una cincuentena de asociaciones de usuarios de Cannabis, las cuales «permiten a sus integrantes un consumo regulado y evitar el mercado negro».

El Gobierno vasco ya aprobó a finales de 2011 un proyecto de ley de Adicciones en el que se contemplaba la regulación del «cultivo, venta y consumo» de esta droga en el marco de estos clubes. El Ejecutivo de Patxi López incidía en la necesidad de abordar esta cuestión «desde el respeto a la autonomía personal y al derecho de las personas no fumadoras», y a partir de «una información completa sobre las consecuencias del consumo de la marihuana».

El presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas del País Vasco, Martín Barriuso, ha celebrado en la Cámara esta iniciativa política como un «hecho histórico» que debe poner fin a un siglo de «políticas prohibicionistas» hacia la marihuana y, sobre todo, atajar la «inseguridad jurídica» que vienen denunciando los miembros de estas asociaciones.

Este grupo de trabajo estará abierto a la participación de las instituciones públicas implicadas en esa regulación y a expertos en la materia.

Articulo original: ABC