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El brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Ernesto Zedillo se unieron para impulsar la regularización de las drogas. Del grupo participan otras personalidades internacionales, entre ellos Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.

Varios ex presidentes latinoamericanos y europeos junto a otros funcionarios y especialistas crearon ayer la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, tras dos días de reuniones en Ginebra, Suiza. Primó la postura de reconocer el fracaso de la guerra contra las drogas y reclamar la descriminalización de los usuarios de todas las sustancias ilegales. “La plata de esa guerra está mal usada porque no tiene resultado efectivo; si se utilizara para salud, tratamiento médico, educación, para campañas de publicidad, sería mucho mejor”, dijo el ex mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso al criticar abiertamente la política represiva impulsada por el gobierno de los Estados Unidos.

La comisión propone una regularización de las drogas, como se hizo con el tabaco y el alcohol. “Los consumos siguen iguales en los últimos 20 años, la violencia y los prisioneros crecieron, se ha vuelto un gigantesco negocio criminal y eso está generando una enorme cantidad de violencia, no sólo en Estados Unidos sino en México, en Colombia, y en general toda Latinoamérica, y es hora de repensar esa política”, expuso otro ex presidente, César Gaviria, quien gobernó Colombia entre 1990 y 1994 y luego fue, durante diez años, secretario general de la Organización de Estados Americanos. “Hay que abandonar esa idea de que los consumidores de drogas son criminales”, agregó.

Entre los participantes también estuvo Ernesto Zedillo, ex mandatario de México, donde hubo más de treinta mil muertos desde que el gobierno de Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico, en diciembre de 2006. El negocio de las drogas ilegales en México mueve, según el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, 60.000 millones de dólares al año. Y esto sin contar el dinero de las armas que los capos narcos de los distintos carteles compran legalmente en Estados Unidos y contrabandean luego a su país.

Las personalidades europeas que asistieron a Ginebra fueron la ex presidenta suiza Ruth Dreifuss, el noruego Thorvald Stoltenberg, ex alto comisionado de la ONU para los Refugiados, y el español Javier Solana, ex alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. Richard Bransen, dueño de la multinacional Virgin, también fue de la partida. Aunque no participaron de las reuniones el último Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, y el escritor mexicano Carlos Fuentes forman parte de esta nueva comisión.

“Estados Unidos ha tenido una misma política por muchas décadas y esta etapa de la guerra contra las drogas ya lleva casi 40 años de total prohibición y de llevar a la cárcel a todos los consumidores y los traficantes. Es una política que no está mostrando resultados”, afirmó Gaviria ayer en conferencia de prensa. Cardoso puso los números de esta política: “En Estados Unidos hay quinientas mil personas presas por delitos de drogas, la mayoría son pobres y negros, lo que también demuestra los prejuicios asociados”.

El ex mandatario brasileño reclamó más información y educación “de forma que la gente disponga de elementos para usar su libertad y para saber que la droga hace daño”. En este sentido, insistió en que el usuario problemático de drogas debe ser tratado como “un enfermo al que hay que ofrecerle salud”. Y en este diagnóstico coinciden todos los integrantes de esta nueva comisión, quienes sostienen que las evidencias empíricas y las pruebas científicas aconsejan dar mayor importancia a la prevención y a la reducción de los daños derivos del uso de drogas.

Los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo encabezan desde abril de 2008 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Desde entonces insisten en lo que las Oficina contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas admitió recién el año pasado: el fracaso de la guerra contra las drogas. “El tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado”, dice una de las evaluaciones de esta comisión latinoamericana.

El lunes pasado, antes de la primera reunión en Ginebra, los organizadores comentaron que entre los temas por analizar estaba la eliminación de “las sanciones penales por la posesión de marihuana para uso personal”. También se buscaba resolver “la polarización” que divide “los bloques de la legalización y la prohibición”, en torno de “una discusión esclarecedora”. Otro punto fue el debate sobre los riesgos y las ventajas de distinguir entre el tráfico y el comercio en pequeña escala.

En Brasil, este último punto motivó la semana pasada la salida del funcionario designado por Dilma Rousseff para conducir la Secretaría Nacional de Políticas Sobre Drogas, Pedro Abramovay. Como ocurrió en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa liberó a miles de “mulitas”, Abramovay también propuso excarcelar a pequeños traficantes de drogas. Sólo que a él le costó el cargo.

“En muchos países el daño causado por la prohibición de las drogas en términos de corrupción, de violencia y de violación de los derechos humanos supera con creces el daño causado por las drogas”, consideraron los organizadores de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas el mismo lunes. También se instaron a revisar “el sistema de control de drogas de la ONU” y “las diferentes respuestas nacionales”, teniendo en cuenta los “desafíos de la Justicia penal” si asume que “erradicar la producción y criminalizar el consumo no reducen el tráfico y el consumo”.

Otro de los objetivos de la reunión en Ginebra fue recabar datos sobre los cambios en los últimos 50 años en la producción, transporte y venta de drogas ilegales, a partir del enfoque meramente represivo, y los delitos asociados: “El blanqueo de dinero, el tráfico de armas, la corrupción y el riesgo de socavar instituciones democráticas”. Mientras se debatía en Suiza, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, viajó a México para apoyar económica e ideológicamente al gobierno local en su guerra contra las drogas.

Fuente:  Página12

Sacan provecho los grandes distribuidores y la industria de la seguridad que combate el tráfico.

La ilegalización de las drogas no beneficia a los adictos a su consumo, a los que envuelve en un drama que les sume en un estado de marginación social y les convierte en casi seguros reos de delitos que un sistema, fracasado de forma clamorosa, les lleva a la doble condición de enfermos y delincuentes arrojándolos fuera del sistema de convivencia social, dificultando, salvo heroicas excepciones, cualquier posibilidad de curación e integración.

No beneficia a su entorno. Los daños y estragos no limitan sus efectos a los drogadictos. Se extienden a los familiares y amigos cercanos convirtiendo la convivencia en un verdadero infierno. El drama alcanza su punto culminante cuando la incapacidad para procurarse las dosis necesarias les lleva a extorsionar a las personas que les son más cercanas, exigiéndoles violentamente dinero para obtener una dosis.

No beneficia al Estado de derecho y a la estabilidad de los sistemas democráticos. Todos los encuentros internacionales que han abordado la compleja posibilidad de encontrar alternativas han coincidido en la necesidad de reaccionar ante el fracaso endémico del sistema penal. Después de más de 40 años de ensayos basados en el incremento de las penas y la rebaja de las garantías se ha constatado que el fiasco ha sido estrepitoso. Un seminario internacional celebrado en Lima en febrero de 1990 rechazó de forma tajante las propuestas que emanan de la Convención de Ginebra para la lucha contra la droga. Este organismo ha derribado límites infranqueables del derecho penal como la propuesta de criminalizar el consumo. Su tarea consiste en celebrar innumerables reuniones cuyas conclusiones han sido inanes. Podemos preguntarnos cuánto nos ha costado desde su creación en diciembre de 1988. Si la transparencia es un valor esencial de la democracia alguien debe publicar las cifras sobre el funcionamiento de ese organismo.

No beneficia al sistema penitenciario, que se ha visto superado por el aumento espectacular de reclusos condenados por trafico de drogas. Pocos jefes de grandes cárteles, algunos más de los escalones intermedios y numerosos distribuidores a escala media o menor que intensifican nuestra ya saturada población carcelaria. La droga forma parte de la vida penitenciaria, crea luchas por el poder, origina víctimas y llega a corromper a funcionarios relacionados con su entorno.

Beneficia a determinadas reacciones desproporcionadas. En el seminario de Lima se advirtió que enfrentarse a la lucha contra la droga con un enfoque bélico y la militarización tiene grandes posibilidades de incrementar la violencia y muy pocas posibilidades de contribuir a la resolución de este problema. La guerra es un negocio para los productores de seguridad. Siempre necesitan un enemigo, pero, como ya les advirtió Nils Christie, hace muchos años que no engañan a todos. Se trata de una guerra sin combatientes enemigos. Se les presenta como lo suficientemente fuertes para movilizar toda la energía de una nación, pero al mismo tiempo son lo suficientemente débiles para no ser nunca realmente peligrosos y así poder seguir la guerra mientras los dirigentes necesiten una guerra.

Beneficia el enriquecimiento desmesurado de los que controlan el tráfico a gran escala. Los estudios sobre el valor añadido de la transformación de la hoja de coca son científicamente irrebatibles. La hoja se vende en los mercados andinos como un producto agrícola de bajo coste. Machacada en una especie de mortero y mezclada con aditivos baratos multiplica su valor por mas de cien. Esa pasta básica se lleva a unos laboratorios rudimentarios que, con un escaso coste, la convierten en clorhidrato de cocaína dispuesto para ser consumido. El transporte masivo hasta los lugares de donde parte en cargamentos que superan la tonelada implica riesgos que encarecen su precio hasta cotas que no alcanza ningún otro producto o materia prima. El paso sucesivo hasta que llega a manos del distribuidor al por menor incrementa exponencialmente su precio. Mientras no se rompa esta inercia, es difícil, por no decir imposible, que el derecho penal resulte lo suficientemente disuasorio.

Algunas propuestas alternativas. Un grupo de profesores universitarios y magistrados firmamos en 1991 un manifiesto por una nueva política. Nos rebelábamos frente a la nefasta política sobre drogas que padecemos desde hace unas décadas. ¿Por qué esta machacona resistencia a intentar vías alternativas? La propuesta alternativa partía de la base legal que proporcionaba la ley del medicamento. En ella se considera que los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas son medicamentos. La ley fue modificada en el 2006 eliminando estas sustancias. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene equiparando el tabaco y el alcohol a los estupefacientes, por lo que están abiertas las vías para un tratamiento que permita un sistema de distribución controlado. Magistrado del Tribunal Supremo.

Comisionado de la Comisión de Juristas de Ginebra.

Fuente:  ElPeriódico.com